El Congreso chileno aprobó la reforma constitucional que permite el retiro de 10% de los fondos depositados por los trabajadores en el sistema de pensiones privado como medida para enfrentar la crisis causada por el coronavirus, y ahora el proyecto está en manos del presidente Sebastián Piñera, quien tiene 30 días para promulgarlo, vetarlo o llevarlo al Tribunal Constitucional.
En medio de un clima de creciente tensión política, el proyecto fue aprobado finalmente en Diputados, la última instancia legislativa, con 116 votos (23 más que los necesarios) a favor, 28 en contra y 5 abstenciones.
Ahora puede ser promulgado por el presidente Piñera, aunque parlamentarios oficialistas ya le pidieron que haga trabajo de “colegislador” y vete el proyecto.
Justo al finalizar el conteo de votos, las autoridades de Hacienda, Interior y Secretaria General de Presidencia se retiraron inmediatamente de la sala del Congreso.
Gonzalo Blumel, ministro del Interior, destacó que el resultado era predecible y reconoció que “ha sido un traspié importante” para el Gobierno, a la vez que argumentó su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley, cuestionando las formas de la oposición.
“Creemos que los mecanismos institucionales que se han usado son dudosos y ambiguos, no contribuyen al buen funcionamiento de las instituciones», dijo.
Asimismo, resaltó que la convicción más profunda del Gobierno “es que los problemas de la clase media no tienen que pagarlos la clase media con sus propios recursos previsionales, sino a través de aporte del Estado, con iniciativas financiadas con recursos fiscales”.
El resultado representa también un quiebre en la coalición del Gobierno, razón por la cual Blumel apuesta a encontrar puntos medios.
“Es indispensable que el Gobierno y su coalición recuperan cuánto antes su capacidad de trabajar con unidad, fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y convicciones que nos mueven”, apuntó.
Entre tanto, diputados opositores celebraron la jornada, a la que calificaron de histórica. “Hemos corrido las barreras de lo posible y ha ganado la democracia. ¡Seguimos!”, dijo en Twitter el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric.
El diputado del Frente Amplio Renato Garin manifestó en la misma red social que “hicimos la tarea, el Congreso representó la voluntad y los intereses de la ciudadanía. Feliz como autor de uno de los proyectos que permitieron el retiro del 10%, feliz de representar al pueblo de Chile”.
“Aquí ganó la gente que, cansada del abuso, construyó su propio futuro movilizándose y exigiendo que este Congreso esté al servicio de las grandes mayorías del país y no al servicio de los dueños de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones)”, declaró la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez.
El jefe de bancada del Partido Por la Democracia, Raúl Soto, dijo que la aprobación “no es un triunfo de la oposición ni una derrota del Gobierno”, sino un triunfo “del pueblo del Chile, del 86% de chilenos y chilenas que según las encuestas respaldaban este proyecto” y “los 11 millones de afiliados a las AFP que tienen un derecho adquirido”.
Los pedidos desde los sectores más duros del oficialismo fueron explícitos, ya que la presidenta de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI), Jacqueline van Rysselberghe, incluso ya dijo que llevaría el proyecto al Tribunal Constitucional.
Durante la mañana, Piñera promulgó la Ley de Crianza Protegida, que estima una ampliación de licencia médica para los padres y permisos posnatales con subsidios para mantenerse en el hogar durante la pandemia.
Pero todos los ojos en Chile están hoy puestos sobre la ley de retiro de fondos, considerada una derrota política para el Gobierno.
«No siento que uno experimenta una derrota cuando lucha con convicción por lo que cree es lo mejor para Chile y los chilenos», declaró el jefe de Estado, luego que ambas cámaras del Congreso aprobaran la reforma que él rechazaba, aún con votos del oficialismo.
Piñera aún puede llevar la ley a una instancia de Tribunal Constitucional e incluso podría vetarla durante los próximos 30 días, aunque todavía no anunció cuál será su decisión, aunque hoy dio un guiño a favor de los sectores más moderados.
«Vivimos en democracia. No siempre lo que uno cree es lo mejor para el país. Dejaremos que finalice el proceso legislativo”, aseguró el mandatario.
Un cambio en la postura moderada representaría una gran amenaza social y dejaría a Chile en puertas de un posible segundo estallido social, de proporciones similares al que comenzó el 18 de octubre de 2019.
“Tenemos una posición muy clara, con tres iniciativas en forma simultánea. Primero queremos proteger más a nuestra clase media; segundo, mejorar las pensiones, hacer una reforma estructural y de fondo al sistema; y tercero poner en marcha nuestro país, sociedad y economía, todo eso junto a la lucha contra el coronavirus”, continuó el presidente.