Piden frenar los desalojos en medio del pico de contagios
Luego de un pedido de información al Estado, el abogado Andrés Bernal de Inquilinos Agrupados denunció en “Canal Abierto” que no hay registros de cuántas familias están sufriendo las sentencias de desalojo ni del impacto que puede tener esta medida sobre la salud y la economía de la población.
[AUDIO] Canal Abierto – Cooperativa la 770 – Miércoles 15 de abril de 2021
El 31 de marzo cayó el decreto 320 que protegía a inquilinos e inquilinas de ser desalojadas de sus viviendas, y el 5 de abril se empezaron a ejecutar sentencias de desalojo que se tramitaron durante el 2020.
El abogado de Inquilinos Agrupados e integrante del Equipo de Abogados de la Federación de Inquilinos Nacional, Andrés Bernal, comentó en «Canal Abierto» que “ese mismo día interpusimos un amparo y una medida cautelar con las organizaciones de inquilinos del país, intentando frenar esto”. El recurso fue interpuesto ante el Juzgado N° 6 del Foro Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal.
De igual manera, en marzo la organización solicitó información al Ministerio de Salud, al de Desarrollo Territorial y Hábitat y a la Cámara Nacional en lo Civil para tener los datos de cuántas personas se verían desamparadas ante la pérdida de las viviendas.
“En el día de hoy recibimos respuestas del Ministerio de Hábitat de Nación y efectivamente desconocen absolutamente todo lo que deberían conocer como para tomar la decisión de desproteger a las personas que alquilan en un momento como este. No saben qué cantidad de personas alquilan, no sabe qué cantidad de estas personas pueden perder la vivienda de un momento a otro”, explicó el especialista.
En medio de la segunda ola de contagios, cuando la pobreza asciende al 42 por ciento de la población y mientras los propietarios de alquileres se la rebuscan para no cumplir con la nueva Ley de Alquileres, Bernal subrayó que “quien busque alquiler en este contexto ni siquiera puede circular en transporte público”, sin tener en cuenta las deudas y la situación económica que puedan atravesar las familias afectados.
Al mismo tiempo, este desamparo implica hacinamiento de la población. “Al Ministerio de Salud le preguntamos qué plan de contención tenían en términos de propagación del virus, y a Hábitat le preguntamos si había consultado al Ministerio de Salud y nos respondió que no. Es una barbaridad” remarcó el abogado.
“Quienes alquilamos especialmente sufrimos los efectos de la crisis económica y social que produjo y produce la pandemia”, porque se calcula que muchas personas pagan la mitad de sus ingresos en un alquiler. Los inquilinos del país esperan que la Demanda Colectiva en la Justicia frene los desalojos y ordene la suspensión de los mismos “atendiendo la situación sanitaria actual, para proteger la salud de las personas”, concluyó.
