Pandora Papers: El pedido de juicio político a Piñera tensa el debate en plena campaña presidencial
La oposición parlamentaria evalúa acusar al jefe de Estado por su vinculación en la venta de la minera Dominga en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato. En 2019 Piñera ya enfrentó otro pedido de juicio político por la represión durante las protestas sociales.
El anuncio de la oposición chilena de iniciarle un juicio político al presidente Sebastián Piñera por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, suma tensión política a menos de 60 días de la elección presidencial, aún cuando tenga más una finalidad de golpe de efecto político que visos de concretarse realmente.
Parlamentarios opositores anunciaron que preparan una acusación contra el jefe de Estado por entender que se vulneró la imagen de la Nación al haberse involucrado en la venta de la minera Dominga en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato presidencial. Ello representaría un conflicto de intereses, que el presidente descartó, aunque también deberá enfrentar una causa judicial por este tema.
Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, consideró que la iniciativa que impulsa la oposición es habitual en países con regímenes presidencialistas, pero aclaró que difícilmente se concrete porque en Chile estos procedimientos requieren el apoyo de dos tercios de los votos en el Senado.
Y además de la cuestión matemática -el juicio político requerirá el apoyo de al menos 29 senadores, cifra que la oposición no tiene con votos propios-, está la proximidad con las elecciones del 21 de noviembre. «El proceso toma aproximadamente un mes, lo que significa que el presidente estaría siendo destituido un par de semanas antes de la elección», conjeturó.
En Chile los procesos de juicios políticos son «atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados», que puede formular acusaciones contra el presidente por «actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes», dice la ley.
El proceso está contemplado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional que también estipula que toda la acusación se inicia en la Cámara de Diputados, pero debe ser elevada luego al Senado, que es el que define. De acuerdo con el cómputo de los dos tercios, la destitución sólo se concretaría con votos de legisladores oficialistas, lo cual no va a ocurrir.
Sin embargo, Couso destacó que para Piñera sería «un desastre» en términos políticos que se aprobara el procedimiento en Diputados, más allá de que las cuentas no le cierren a la oposición en el Senado. El constitucionalista dijo que el juicio político «va a ser una cosa simbólica, algo así como lo que ocurrió con (Donald) Trump», pero «aún cuando (Piñera) sobreviva, esto va a ser una salida muy humillante para él, es un desastre».
En medio de este proceso, el presidente afirmó que un juicio político en su contra «no tiene absolutamente ningún argumento», porque según él, la venta de la minera Dominga cumplió con todos los estándares legales y tributarios.
Las palabras de Piñera recibieron el rechazo de todo el arco opositor en el Congreso, pero también se conocieron expresiones de respaldo de diputados oficialistas, como Juan Antonio Coloma, de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI).»Aquí lo que hay es un golpe blanco, que lo que busca es obtener beneficios electorales a 44 días de una elección y quedando cinco meses de mandato», dijo Coloma.
Otro parlamentario que defendió al presidente fue Leopoldo Pérez, de Renovación Nacional, quien dijo que «esta es una herramienta institucional (juicio político) que en esta oportunidad y como en otras anteriores, se está mal utilizando para afectar un probable resultado electoral».
En cambio, Couso dijo que «buena parte de los chilenos creen que Piñera tuvo algo que ver» ya que la venta de la minera Dominga se da entre la familia Piñera Morel y la familia Délano, muy cercanos y amigos de la infancia.
Antecedente
Este no es el primer intento de juicio político que interpone la oposición contra Piñera, ya que en diciembre de 2019 se presentó otro por violación a los derechos humanos en el estallido social de octubre de ese año.
La acusación fue aprobada con 79 votos a favor y 73 en contra, pero Diputados acogió una «cuestión previa», según la cual el pedido no cumplía con los requisitos y por lo tanto la iniciativa no prosperó.
Los principales candidatos presidenciales pidieron que se investigue y aclare esta situación, como fue el caso de los derechistas Sebastián Sichel y José Antonio Kast, y los opositores Gabriel Boric, Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami, quien incluso que pidió la renuncia del presidente al asegurar que «Chile no puede estar en manos de alguien que solamente cuida los negocios familiares y no los intereses de la Patria».
Boric, candidato del pacto Apruebo Dignidad y quien lidera las preferencias en las encuestas, aseguró que Piñera «evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal por sobre el bien común».
Por su parte, Provoste, de la ex Concertación (hoy llamada Nuevo Pacto Social), pidió vía Twitter al Presidente «completa transparencia», ya que «es inconcebible que un Presidente de la República actúe en beneficio propio».
Del lado conservador, el pinochetista Kast, calificó la situación como «graves» y exigió «una investigación urgente caiga quien caiga para poder determinar responsabilidades».
Sichel, de la coalición oficialista Chile Podemos Más, escribió en sus redes sociales que «la ciudadanía nos pide transparencia total» y «se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias».
Para el especialista Couso, el Pandora Papers afecta más a Sichel «porque él es el más identificado con Piñera por haber sido ministro de él, ser cercano a Piñera».
El jurista definió a Piñera como «el peor presidente desde que retornó la democracia a Chile en 1990».
Fuente: Télam.
