Lo aseguró el abogado uruguayo Pablo Chargoñia, especialista en casos de terrorismo de Estado. Según él, la impunidad se debe a que “nunca hubo una depuración de las Fuerzas Armadas ni revisión de lo actuado”. Los militares conservan sus principales privilegios. Chargoñia ha sido amenazado de muerte recientemente por un comando denominado Barneix.
“No es posible saber exactamente quién está detrás del comando. De hecho, no se sabe con certeza si existe realmente o no. Lo que es cierto es que se autodefine como Comando Barneix. Es el nombre de un militar que se suicidó cuando iba a ser procesado. Amenazaron a través de correos electrónicos a trece personas vinculadas a los derechos humanos o a causas de la dictadura: abogados, magistrados, académicos. Hasta el momento la justicia uruguaya no ha podido detectar el origen de ese correo electrónico, porque se utilizó una red de difícil rastreo”, aseguró Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu. “Los correos tienen todos la misma amenaza: que en caso de ocurrir el suicidio de otro militar, por lo que ellos califican de un procesamiento injusto, elegirían tres personas de esa lista al azar para ser ejecutados”, agregó.
El abogado subrayó que en Uruguay existe una “impunidad generalizada que hace que los poderes del Estado no avancen en las causas de las graves violaciones a los derechos humanos. No se progresa porque no hay una política estatal vinculada a la necesidad de investigar los crímenes de la dictadura uruguaya”.
Agregó que a esto se suma el reciente descubrimiento de una “inteligencia militar ilícita o paralela” y que “hay pruebas concretas, por primera vez desde el restablecimiento de la democracia en Uruguay en 1985, de que los militares siguieron realizando tareas de persecución, espionaje e inteligencia militar a quienes consideraban sus enemigos políticos, y se sospecha que esto ocurre hasta el día de hoy”.
[AUDIO] Voces del Mundo – Cooperativa la 770 – 28 de Marzo de 2017