El legislador confesó que no le «sorprendió el DNU porque hay una estrategia acordada entre el Gobierno nacional y provincial. Era lógico que la Nación se iba a retirar porque queda claro que la responsabilidad del fracaso y colapso es por los actuales administradores».
Desde su visión, «el planteo de la provincia era lógico, era indispensable, y como condición vital que los actuales administradores no podían seguir. La IGJ planteó un proceso de intervención, el juez no le dio curso a eso y abrió una nueva instancia, donde no ha resuelto la cuestión de fondo».
También detalló que «el grupo tiene deudas por más de 1500 millones de dólares, están investigados por lavados de activos por tribunales internacionales, tienen denuncias por Comodoro Py, con denuncias en tribunales provinciales. Y hay muchas demandas y concursos por más de 280 personas que son acreedores y no cobraron ni un solo peso».
Sobre el presente de los empleados, Rubeo destacó que «los trabajadores están cobrando por ingresos de la empresa y los ATP» y mencionó de cara al futuro: «La pregunta es de dónde va a sacar la empresa el dinero para salir del concurso si no hay confianza en la firma y sus actividades principales no se están pudiendo desarrollar».
«Esta empresa ha manipulado recursos públicos que no sabemos dónde están. El objetivo de la comisión es buscar la verdad de lo sucedido para comunicarlo a la sociedad», completó.
[AUDIO] Abrir el Juego – Cooperativa la 770 – Lunes 3 de agosto de 2020