Uno de los aspectos más relevantes del inicio del gobierno de Alberto Fernández fue el anuncio de la necesidad de “terminar con los sótanos de la democracia”. Finalmente, este viernes entrará al congreso el proyecto del Ejecutivo para reformar las cuestiones técnicas y orgánicas del sistema judicial.
“El Poder Judicial tiene un grave problema, que se vincula con el acceso a los cargos. El mantenimiento en el ejercicio de funciones no depende de la sociedad sino de los grandes poderes fácticos y constituidos: el poder económico, el poder mediático, y también del poder ejecutivo” declaró Luis Arias, cuya destitución fue suspendida en mayo de este año luego de un proceso de enjuiciamiento en el que lo condenaban por el contenido de una sentencia con la que buscó frenar los tarifazos en 2016.
“Siempre en toda relación de derecho pública o privada, existe una relación de poder, y por eso todas las sentencias son políticas”.
Hay tres cuestiones centrales a las que prestar atención. La primera es el aspecto técnico, el funcionamiento de la organización de los fueros y en cuanto al traspaso de competencias de la justicia federal a la justicia. En segundo lugar, las cuestiones orgánicas, como la apertura de cargos para jueces y fiscales en todo el país mediante audiencias públicas y transparentes.
“La más importante es la política, porque el Poder Judicial es un órgano del Estado y tiene una función política y los jueces en todas las sentencias tienen ese carácter” que se sostiene por otros poderes estructurales de la sociedad. “Como esto es así frente a una demanda que tiende a garantizar derechos, cuando la comunidad tiene que confrontar con estos poderes, termina sacrificando los derechos de la gente porque la gente no cuenta” indicó Arias.
“El Poder Judicial funciona a espaldas de la sociedad. Toda reforma política tiene que buscar de alguna forma algún anclaje del Poder Judicial frente a la sociedad. Esto se logra con audiencias públicas, para todos los postulantes a jueces y fiscales. Siempre cuando se eligen funcionarios hay un gran debate político y mediático en la sociedad, y cuando se eligen jueces y fiscales nadie se entera, no se sabe cómo y por qué llegaron”.
Además, subrayó que debe crearse un observatorio integrado por la sociedad civil, organizaciones sociales, ONGs y trabajadores del Poder Judicial entre otros actores que controle el funcionamiento del sistema “en materia de acceso a la justicia, de derechos humanos, y el cumplimiento de plazos procesales” no con una mirada punitiva, “sino para reflejar qué es lo que se hace hacia el interior del Poder Judicial”.
[AUDIO] Puro Contenido – Cooperativa la 770 – Miércoles 22 de julio de 2020
Para escuchar La 770, hacé click acá.