“La ley de cine vigente fue hecha con un fuerte perfil de protección de nuestra soberanía audiovisual”
Marina Pessah, vicepresidenta de Documentalistas de Argentina, habla sobre el debate en torno a si hace falta una nueva legislación audiovisual. “La pregunta más importante es qué intereses hay detrás de instalar una nueva ley y decir que ésta ya no sirve”, señaló.
[AUDIO] Canal Abierto – Cooperativa la 770 – Martes 27 de Julio de 2021
El martes 20 de julio se realizó un encuentro virtual convocado por Documentalistas de Argentina (DOCA) para debatir sobre el anteproyecto de una nueva Ley Audiovisual redactado por las fundaciones DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), APIMA (Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales) y PCI (Proyecto Cine Independiente), quienes se nuclean en el Espacio Audiovisual Nacional.
La vicepresidenta de DOCA Marina Pessah explicó que el anteproyecto estaba redactado “puertas adentro”, y decidieron discutirlo públicamente, con una transmisión en su página de Facebook, “para que la comunidad se expresara”. Participaron el abogado Julio Raffo, uno de los redactores de la reforma de la Ley del Cine de 1994; la productora Nathalia Videla Peña, el docente y coleccionista Fernando Martín Peña y el abogado e investigador Mariano Suárez. El evento contó con más de 200 participantes durante la transmisión.
“Nos encontramos con una propuesta que reúne una serie de temas que atraviesan a la comunidad que nos preocupa muchísimo como sector audiovisual. A partir de eso pensamos en convocar a figuras importantes de la actividad de nuestro cine, desde lo jurídico, desde la producción, desde la conservación que tienen que abarcar todas las miradas posibles acerca de qué pensamos las y los realizadores de este borrador de nueva ley que quieren que suplante a la ley que ya tenemos”, señaló.
La Ley Nacional de Cine fue reformada por última vez en 1994 y hasta el día de hoy viene siendo defendida por el sector, ya que tiene un perfil de defensa de la soberanía audiovisual. Desde DOCA explican que esta ley se puede profundizar y mejorar y que instalar la necesidad de una nueva “nos abre una cantidad de preguntas, entre ellas la más importante: qué intereses hay detrás de instalar una nueva ley y poner en un relato que esta ley es vieja y ya no sirve”. Pessah subrayó la defensa de la actual ley durante la gestión macrista, contra los recortes y el ajuste.
“A través de la lectura de esta propuesta de ley, surgen otros temas que tienen mucha más importancia y que son en este momento prioritarios para el sector audiovisual, que es un sector de la cultura profundamente atravesado por las condiciones de trabajo en la pandemia, y que estuvo participando activamente y llevando propuestas para poder paliar la situación que atraviesa el sector y cómo salir adelante” indicó la directora.
Al mismo tiempo, marcan que es una prioridad en este momento la no caducidad del fondo de fomento en 2022, un punto principal que hace que el cine nacional esté autofinanciado por los espectadores, cuando pagan una entrada en el cine, sea comercial o de los Espacios INCAA. También piden que se pongan en marcha los órganos correspondientes a la ley actual, como el Consejo Asesor donde se toman las decisiones de los fomentos, y un Plan de Fomento que distribuya los recursos de del Instituto “de una manera más democrática, más federal, más inclusiva”.
Por último, se refirió a la necesidad de pensar cómo regular la distribución del material registrado en las plataformas de streaming, uno de los temas recurrente en los últimos años entre los espacios de coordinación y articulación federal. “Todo el mundo podría, hasta quiere hacer series y son fuentes de trabajo. Así no queremos poner al mundo del trabajo en discusión, sino a las ganancias de las plataformas sobre el mundo del trabajo y los contenidos” explicó Pessah.
La mayoría propone que el Estado regule la actividad de las plataformas OTT (over-the-top): “Eso se podría establecer mediante la ley que tenemos que estar reformando, incluyendo algún tipo de reglamentación nueva. No hace falta una nueva ley que contemple el mundo de las plataformas sino llevar al debate cómo qué van a tributar, cómo lo van a hacer y a cambio de qué, porque tampoco es cuestión de obtener un tributo a cambio de perder la soberanía audiovisual y que puedan tener completa injerencia sobre nuestro lenguaje cinematográfico y nuestro acervo cultural, a través de nuestras historias. Entonces es un debate profundo, pero no es imposible y es completamente necesario”.
