«La denuncia es por posible comisión de dos delitos: el delito de incumplimiento de funcionario público y de negociaciones incompatibles con la función pública. Esto obedece, esta argumentado, a que para nosotros habría existido, producto de un pacto que el propio Aranguren convocó, una fijación de precios en dólares y que estos comienzan a regir a partir de 2018, luego las autoridades del ENARGAS lo pasa a tarifas», dijo el funcionario.
Luego, Bernal detalló que «la fijación de ese precio que se ve en abril entra a regir en un momento en donde debía entrar en vigencia la Ley del marco regulatorio del gas, que dice que el precio tiene que surgir en una negociación entre las productoras y distribuidoras y luego ese precio tiene que ir al ENTE, que tiene que decidir si pasa o no pasa a tarifas».
Por eso, planteó «cautelares sobre el prejuicio de embargo a los responsables. Pero se tiene que expedir la Justicia».
[AUDIO] Abrir el Juego – Cooperativa la 770 – Viernes 26 de junio de 2020