El violento operativo se inició a las 7: junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, los funcionarios de la administración porteña y de la Fiscalía 11 comenzaron el desalojo de más de las 185 mujeres y más de 200 niños y niñas que se habían instalado el 30 de junio pasado formando un asentamiento que al poco tiempo pasó a ser conocido como «La fuerza de las mujeres» por el protagonismo femenino de su organización.
Los terrenos de la ocupación están ubicados en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente había un basural al que los vecinos de las inmediaciones llamaban «La Containera».
En el lugar, a partir de las 8, fueron incendiadas casillas y carpas muy precarias, en tanto camiones de gran porte y excavadoras continuaron luego con el desalojo, junto a personal del servicio del programa Buenos Aires Presente (BAP).
Graciela Sosa, una de las voceras de las familias que llevaron adelante la ocupación, dijo a la prensa: «no sabemos dónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir».
«Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa (31) no lo podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva», remarcó Sosa.
El pasado 30 de junio, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había informado que «alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal».
Ese mismo día, las autoridades porteñas señalaron que «desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas, sin éxito».
«Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia», indicaron en esa oportunidad desde el gobierno porteño, a través de un comunicado.
En carpas y casillas, con alrededor de 200 chicos, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres ocupantes se habían mantenido hasta este jueves en la toma, instalada en uno de los costados de la ex Villa 31 de Retiro.
Tras el desalojo, el referente de Somos Barrios De Pie en la CABA, Walter Córdoba, cuestionó el accionar tanto del GCBA como de la Justicia porteña, y además asoció a la administración de Larreta con «el negocio inmobiliario».
«Repudiamos la actitud del gobierno de la Ciudad y de la Justicia, que con estas medidas no tienen en cuenta los derechos de las familias, de las mujeres y los niños. La vivienda digna es una situación muy problemática y el gobierno de Larreta lo único que hace es favorecer el negocio inmobiliario», afirmó Córdoba.
En este sentido, agregó: «Lo que se está viviendo en la villa (por el Barrio 31) es algo dramático, no algo aislado; es un drama constante para los pobres de la Ciudad, la vivienda no es un derecho en la Ciudad, porque para el gobierno de Larreta es un negocio».
Por su parte, uno de los ocupantes del asentamiento desalojado, Pedro Sánchez, se lamentó: «Hoy nos quedamos en la calle, en situación de calle, y el gobierno de Larreta nos quiere mandar a un parador. Somos familias que no tenemos un lugar para vivir porque no podemos alquilar, porque tenemos chicos y nadie nos alquila. Soy cartonero y tengo cinco hijos. ¿Cómo hago para vivir en una pieza de cuatro por cuatro?».