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Entre las irregularidades encontradas, Ortiz destacó la presencia de trabajadores no registrados y una falta de regularización en el registro de los trabajadores. Según sus palabras, los franquiciantes son dueños de varios locales y manejan entre 50 y 100 trabajadores, pero alrededor del 50% de ellos están en negro y el otro 50% está mal registrado.
Ortiz hizo un llamado al Estado para que tome medidas y clausure las tiendas en cuestión. A pesar de las denuncias realizadas en los ministerios de trabajo de la Ciudad y de la Nación, Ortiz señaló que falta la última parte, donde el Estado debe intervenir y cerrar los establecimientos.