Colombia: la comisión argentina pide investigar la violencia institucional
La delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el país realizó un balance preliminar en el que denunció que las autoridades del Estado habrían incurrido en «desaparición forzada de persona, delitos contra la vida, delitos contra la integridad moral y delitos contra la integridad sexual, entre otros».
En 36 días de crisis en Colombia las autoridades del Estado habrían incurrido en “desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)”, entre otros, de acuerdo con un duro balance preliminar difundido este jueves por una delegación argentina de defensa de los derechos humanos que visitó el país.
El listado forma parte del documento leído por la delegación argentina en Bogotá y difundido en redes sociales, a manera de balance preliminar de toda la información recolectada en más de 15 ciudades durante una semana por sus integrantes, representantes de organizaciones sociales y políticas argentinas.
El trabajo pide también que se investigue si un número no precisado de personas detenidas fue llevada de manera irregular a locales particulares y relata diversos casos de secuestros y abusos sexuales cometidos contra estudiantes, en su gran mayoría mujeres, que ofrecieron su testimonio a la comisión.
El informe, de 13 páginas, consta de las siguientes capítulos: “Presentación, El despliegue represivo del estado colombiano, Las víctimas, Rol de la institucionalidad, Acerca de los delitos cometidos”, y “Violaciones de los DDHH en territorios recorridos por la misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos”, que a su vez hace foco en: “Departamento del Cauca-Popayán, Bogotá, Pereira, Cali, Medellín”.
Para cumplir su misión, la delegación se trasladó a Cali, Medellín, Pereira, Siloé, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá, entre otras ciudades.
El reporte concluye que “el Estado colombiano debe ser investigado porque en el marco del paro nacional y a través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría desaparecido, asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores del pueblo colombiano”.
«La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.
Asimismo, afirma que “el Estado colombiano debe ser investigado por haber desplegado sobre población civil indefensa, prácticas inscriptas en la lógica bélica, disponiendo para ello de armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.
Las conclusiones del trabajo, de carácter preliminar –ya que el informe definitivo se presentará en Buenos Aires- denuncia que el Estado colombiano “debe ser investigado por haber determinado como enemigo interior a la mayoría de su pueblo”.
En ese punto, identifica a ese sector como “jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBIQ , trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como organizaciones de la sociedad civil”.
“Deberá investigarse al Estado colombiano en referencia a los delitos de lesa humanidad denunciados. Deben acabar las prácticas impropias de un Estado de derecho”, propone el texto, y concluye: “El pueblo colombiano tiene derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral , a través de la verdad y la justicia”.
También consigna que “los testimonios recogidos han sido abrumadores” y confirman “la significativa violencia represiva desplegada sobre población civil indefensa”, pues “impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos”.
“La Policía Nacional en general y en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de consuno con el Ejército, descargan en las manifestaciones y sus adyacencias una combinación de conductas y arsenal sofisticado, con severas consecuencias en el cuerpo y la psiquis de sus víctimas”, denuncia.
Dice además que “es habitual que el personal policial dispare al rostro con balas de caucho provocando lesiones oculares en numerosos manifestantes y transeúntes”.
“Resaltan las denuncias de organizaciones de la sociedad civil por los abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad tanto en la vía pública como en los lugares de encierro. Así, revelaron que al 26 de mayo, del total de abusos sexuales cometidos, el 79% lo fue sobre mujeres y el 8% sobre disidencias sexuales”.
“Se han recibido denuncias (que luego fueron ratificadas ante la misión) sobre la existencia de empresas privadas (supermercados y talleres) en las que se habrían dispuesto traslados de personas detenidas en las manifestaciones por efectivos uniformados y de civil, ingreso y egreso de móviles sin identificar y hasta francotiradores. El supermercado Éxito de la localidad de Calipso (Cali) y el taller mecánico LA Playa (periferia de Bogotá) son los dos casos denunciados”, enuncia.
La misión
Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Entre otras y otros, participan de la comisión Leonardo Pérez Esquivel (ATE), Sergio Maldonado, Alejandro Rusconi (AAJ), Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL), Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie), Pablo Pimentel (APDH), Gonzalo Armúa (Patria Grande), Martín Ferrari (Frente Darío Santillán), Ismael Jalil (Correpi) y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).
Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos), José María Cano (CTA Autonóma), Pablo Bres (Serpaj), María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.
Uno de los integrantes del grupo fue el dirigente social Juan Grabois, a quien no se le permitió el ingreso a Colombia por un supuesto problema en el pasaporte, aunque en el ámbito de la región sólo se requieres el documento de identidad.
