Se tratará la adhesión a la Ley Micaela en Tucumán
En estas últimas semanas se visibilizó el reclamo de distintas organizaciones para aplicar la ley de formación en género para los servidores públicos de los tres poderes estatales.“Acá podemos llegar a tener una organización antiderechos dando una capacitación sobre género” declaró Leonor Cruz, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA en aquella provincia.
Canal Abierto Radio | Tucumán es la última provincia que falta adherir a la “Ley Micaela”. El tratamiento de la ley es “gracias a la gran movilización y a la lucha que hemos venido teniendo en Tucumán” afirmó Leonor Cruz y remarcó que las feministas ya se declararon en estado de alerta ante posibles modificaciones.
Las razones para manifestarse y temer no son pocas: Tucumán es la única provincia que nunca adhirió a la Educación Sexual Integral, y en el 2018 en pleno debate por el Aborto Legal, la Legislatura se declaró Pro-vida. Aún resuena el caso Belén, una joven que estuvo presa durante tres años por un aborto espontáneo; y el caso Lucía, la niña que fue violada por su abuelastro y a la que obligaron a parir no sin antes torturarla y romantizando su maternidad.
“Que la Legislatura de Tucumán haga tanto despelote, para una ley que en todo el país, que ninguna provincia hizo ninguna innovación o ninguna modificación, habla a las claras de quién es el gobierno y quiénes son los legisladores de Tucumán”.
La semana pasada el legislador Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Domingo Bussi negó la existencia de femicidios y las desigualdades entre hombres y mujeres. Cruz advirtió que es “la expresión de muchos legisladores y muchas personas que hoy integran el gobierno provincial” y remarcó: “él es la cara visible de los que abajo dicen muchos y muchas”.
Por eso es necesario que la norma se aplique como el resto del país, sin ninguna innovación porque “se van a dejar el derecho de decidir ellos cuáles van a ser los contenidos de capacitación a las trabajadoras, trabajadores y funcionarios, y quiénes van a ser los que los dicten, sin que esté aquí ningún ente controlador de las Secretarías de las Mujeres o del Ministerio de la Mujer”.
La Ley lleva el nombre de Micaela García, una joven militante asesinada por Sebastián Wagner que había sido beneficiado por un juez con salidas transitorias anticipadas, a pesar del informe del Servicio Penitenciario que desaconsejaba su liberación. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
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