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Lonigro señaló que “los mecanismos institucionales están previstos para que el Presidente tenga la posibilidad de imponerse”, explicando que “el veto es un tiro en la sien a la ley. Cuando el Presidente veta, después el Congreso necesita 2/3 de cada Cámara para insistir, y es muy difícil llegar a ese quórum, por eso, en general, las leyes vetadas terminan muriendo”.
El abogado indicó que, si el Congreso logra insistir con una ley, pero “el Presidente insiste en no cumplirla, hay dos planos de responsabilidades”. “La primera es política: si el Presidente no cumple con la ley, incurre en mal desempeño y eso es causal de juicio político”, dijo Lonigro y agregó que “la segunda es una responsabilidad penal: para un funcionario, no cumplir con la ley es un delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Lonigro afirmó: “Que el Presidente diga abiertamente que no va a cumplir una ley es directamente un cachetazo al sistema institucional”.