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Gusso dijo que «no hay cámaras en los colectivos, no hay cámaras colocadas por el municipio en toda la ruta 3, pasa lo mismo en la ruta 4» y agregó que «esto es la crónica de una muerte anunciada, tuvimos 10 reuniones con Berni después de lo que pasó con Leandro Alcaraz (crimen ocurrido en 2018) y el Estado no cumplió».
Gusso también hizo hincapié en que «el primer violento es el Estado Nacional que no controla las partidas presupuestarias que van a las empresas para colocar las cámaras de seguridad». «Se desató una ola de violencia que, en cualquier momento, se puede llevar a un funcionario para otro mundo», advirtió el abogado.