Para el letrado, «la discusión debería ser sobre el acierto de la decisión política que se toma, si existen los recursos. Si va a tener un impacto positivo o no en la economía, los planes a futuro de la empresa» y aclaró, ante las críticas opositoras, que «la Constitución prevé la posibilidad de la expropiación siempre y cuando lo decida el Congreso. Me interesaría ver los fundamentos para que el Estado asuma la conducción de la empresa, que es algo que se debe dar en el Congreso».
«Ya lo habíamos visto en condiciones anteriores, cuando se habló de confiscación pero la expropiación está prevista en la Constitución. El Estado va a expropiar la empresa, es lógico para evitar un vaciamiento», aclaró. Garrido luego comentó que «lo que muestra la denuncia penal al Presidente es que la oposición está con una permanente estrategia de demolición al Gobierno de Fernández que está tratando de superar la grieta mientras la oposición sólo busca agrandarla».
Y dejó un concepto sobre seguridad jurídica ante este caso: «La seguridad jurídica es blandida por los fundamentalistas del derecho a la propiedad. En todo caso no existe seguridad jurídica para el Estado que le prestó dinero a la empresa de manera fraudulenta según lo que ya se está investigando».
[AUDIO] Abrir el Juego – Cooperativa la 770 – Miércoles 10 de junio de 2020