Jonatan Baldiviezo: «El Gobierno está vendiendo espacios sin considerar su uso»
El abogado Jonatan Baldiviezo, integrante del Movimiento Popular La Dignidad y Presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, explicó en «Sobre la Hora» la situación dominial del espacio donde funciona la Asamblea de Villa Urquiza luego del intento de desalojo por parte del Gobierno.
«No es para nada una situación aislada, son las consecuencias negativas de esta política de entrega de tierras públicas que tiene el gobierno del Pro para negocios inmobiliarios», subordinando las políticas ambientales, culturales y sociales a «los intereses económicos de toda una clase de empresarios inmobiliarios y financieros», ya que la gestión busca implementar la construcción de torres y no para el problema habitacional, sino para «la inversión y la especulación inmobiliaria».
La Asamblea funciona en una parte de terrenos ferroviaros abandonados después de la crisis 2001, donde acondicionaron y construyeron un centro comunitario «que hace más de 15 años que viene realizando actividades artísticas gratuitas, incluso funciona un bachillerato popular reconocido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires», destacó el abogado.
«El año pasado tanto Nación como Ciudad firmaron un convenio, donde Nación se obligaba a vender estas tierras donde se encuentra el Centro Comunitario y la Ciudad se obligaba a darle la capacidad constructiva para que el futuro comprador realice un emprendimiento inmobiliario, sin considerar cuáles eran las actividades, había organizaciones sociales, había asambleas utilizando estos predios. Pero cuando el Estado decide el destino de la tierra pública, tiene que hacerlo de forma participativa y ver la historia de estos previos, si tienen algún uso social y ambiental prioritario».
«El Gobierno decidió, o consideró que los terrenos estaban vacíos, que estaban subutilizados y decide autorizar la venta» lo que fue avalado por un Juez «en un proceso judicial muy extraño», porque en ningún momento se le permitió a la Asamblea realizar su defensa. «Utilizaron una ley de Onganía, donde obviamente no estaban vigentes los Derechos Humanos, no estava vigente la nueva Constitución», remarcó el abogado, lo que es «inconcebible» en el derecho actual.
Baldivieso resaltó que el Gobierno ha reconocido actividades dentro de esos predios por lo que «no puede desalojar sin más cuando eso va a traer como consecuencia la destrucción de este espacio comunitario». «Por eso cuando se habla del derecho cultural, es que el Estado tiene que seguir progresando en el reconocimiento de derecho y no tiene que retroceder», para buscar una solución alternativa, como la búsqueda de otros terrenos o preservar la parte donde la Asamblea de Villa Urquiza funciona hace más de 15 años.
[AUDIO] Sobre la Hora – Cooperativa la 770 – 2 de Octubre de 2018
